O'Leary reduce a la mitad su megacentro de datos en Utah tras presión ciudadana

Kevin O'Leary, conocido por su participación en Shark Tank y sus inversiones en tecnología, ha acordado reducir a la mitad el tamaño de su polémico centro de datos en Utah. Según informó The Verge el pasado 4 de junio, O'Leary envió una carta al presidente del Senado de Utah, J. Stuart Adams, anunciando la retirada de 19.430 acres del proyecto original, que llegaba a las 40.000 acres. El movimiento llega tras meses de presión sostenida por parte de residentes locales y grupos activistas.

El recorte no es cosmético. Eliminar casi la mitad de la superficie planificada implica un replanteo significativo de la capacidad de cómputo prevista, los requerimientos hídricos y el impacto sobre el territorio. Utah ya arrastra tensiones crónicas por el acceso al agua, y un desarrollo de esta magnitud en el desierto había encendido las alarmas de comunidades agrícolas y organizaciones medioambientales desde que el proyecto se hizo público.

Por qué importa más allá de Utah

Este episodio ilustra una dinámica que se está volviendo cada vez más frecuente en el sector: la capacidad de infraestructura para IA choca con limitaciones físicas y políticas reales. La demanda de centros de datos ha crecido de forma sostenida impulsada por el entrenamiento e inferencia de modelos de lenguaje, pero los terrenos disponibles, el suministro eléctrico y, sobre todo, el agua de refrigeración no son recursos infinitos.

Utah no es un caso aislado. En los últimos dos años hemos visto oposición similar a grandes desarrollos en Virginia, Iowa y varios estados europeos. Lo que cambia aquí es el perfil público del promotor y la escala inicial del proyecto: 40.000 acres es una superficie comparable a ciudades enteras, y esa cifra generó un rechazo que resultó difícil de ignorar políticamente.

La presión ciudadana como variable de diseño

Que O'Leary haya optado por comunicar la reducción directamente al presidente del Senado estatal, en lugar de hacerlo a través de medios o comunicados corporativos, sugiere que el canal de negociación fue institucional desde el principio. Los activistas locales y los residentes que alertaron a la cadena afiliada ABC4 consiguieron que el asunto llegara a la agenda legislativa, lo que a su vez forzó una respuesta formal.

Esto tiene implicaciones para otros proyectos en fase de planificación: la oposición organizada a nivel local puede tener peso real cuando consigue anclar el debate en instituciones con capacidad regulatoria. No es garantía de éxito, pero el caso de Utah añade un precedente concreto.

Qué queda pendiente

El acuerdo de reducción no cierra el proyecto, sino que lo reencuadra. Siguen sin conocerse públicamente los detalles sobre qué parte de la infraestructura se mantiene, qué operadores tecnológicos están vinculados al desarrollo ni cuál es el calendario revisado. Tampoco está claro si la reducción satisface a los grupos opositores o si continuará la presión para frenar el proyecto por completo.

Lo que sí está sobre la mesa es una señal de que incluso los promotores con perfil mediático alto y acceso a capital privado tienen que negociar con el territorio donde quieren construir. En un contexto donde la demanda de capacidad de cómputo no da señales de moderarse, esa fricción va a seguir siendo parte del paisaje.

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Desde EP, la lectura es prudente: que un proyecto se reduzca no equivale a que el modelo de megacentros privados en zonas áridas esté en cuestión. Pero que la presión ciudadana haya movido la aguja en un proyecto de esta envergadura merece más atención de la que suele recibir en los análisis de infraestructura AI.